A principios de la década de 1990, el Consejo de Todas las Tierras, organización mapuche fundada en 1990, llevó a cabo varias tomas simbólicas de tierras ancestrales mapuches en manos de privados. La respuesta del gobierno de Patricio Aylwin, primer presidente democrático en 17 años, fue la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos.